Cuatro Mossos d'Esquadra torturadores no ingresarán en prisión: Joan Salva, Manuel Farré, Fernando Cea y Jordi Perissé. Sus abusos y delitos quedarán impunes. No pagarán por esperar a un sospechoso en la puerta de su casa, por no identificarse como policías, por propinarle una paliza, insultarlo e introducirle una pistola en la boca como amenaza. Nada de eso le vale el Gobierno de España para aceptar penas de hasta cuatro años de cárcel, impuestas por el Tribunal Supremo (TS). En vez de asumir el dictamen de la Justicia, el Ejecutivo ha preferido dictar dos indultos que eviten el ingreso en prisión de los condenados y que, además, posibiliten su vuelta al ejercicio profesional en apenas dos ejercicios. El equipo de Rajoy cambió la inhabilitación por la suspensión de cargo público por un periodo de tan sólo dos años.
Supongo que los ministros y el presidente del Gobierno, cuando refrendaron esa decisión, pensarían en la víctima. Valorarían todos los condicionantes y adptarían una postura. Por ello, leyendo su dictamen final, entiendo que Rajoy indultaría a cuatro policías que esperaran a su esposa en la puerta de su casa, que no se identificaran como agentes, que le propinaran una paliza, la insultaran e introdujeran una pistola en la boca como amenaza. Comprendo que, de darse el caso, nada influiría que esa mujer compartiera cama con él, que fuera la cónyuge del ahora líder del Ejecutivo. Total, "se dan las condiciones favorables", como argumenta Gallardón.
El uso torticero del indulto por parte de este Gobierno -y, por supuesto, también de los anteriores (incluido los equipos del PSOE)- demuestran la estafa democrática de la casta política hacia la sociedad. Este enémiso indulto favorece el descrédito de una clase que legisla y juzga, obviando la separación de poderes que fundamenta y garantiza la Libertad y la Justicia en España. Lo previsto como excepción se convierte en norma. Este nuevo indulto supone un paso atrás. Uno más. Y los propios magistrados lo saben. Por ello, alzan la voz contra un ilegítimo uso de la legalidad vigente.
Porque estos son los escalofriantes datos, publicados por Ignacio Escolar, que demuestran el abuso de poder cometido por los diferentes Ejecutivos: el Consejo de Ministros de Rajoy acumula ya 444 indultos en lo que va de año; desde 1977 se firmaron 17.620 indultos (a terroristas del GAL, grandes empresarios y banqueros defraudadores, jueces prevaricadores, políticos corruptos, golpistas del 23-F, entre otros); Zapatero concedió 3.226 en sus dos legislaturas; y Aznar 5.916. Y las comparaciones son odiosas: Bush tan sólo aprobó 200 en ocho años, en un país muchísimo más grande y poblado que Epaña. Por mucho que insistan, no nos engañan. Para los Ejecutivos españoles la Justica no es igual para todos. Estas decisiones afianzan el descrédito hacia los gobernantes. Con razón.
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