España es el gran estado policial de la Unión Europea

El país cuenta con un agente por cada 190 habitantes, muy  

lejos de Reino Unido (372), Alemania (335) y Francia (306) 

“¿A dónde van ustedes?”, pregunta un policía a cuatro turistas extranjeros. Ellos se miran sorprendidos. Observan el vallado colocado en la plaza de las Cortes, que impide el libre acceso a la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados. Y responden en un limitado español: “A nuestro hotel”. El oficial revisa su documentación y los deja pasar. A su lado, otros dos agentes escudriñan la escena. Los tres forman parte del destacamento policial plantado en las cercanías del Parlamento el pasado 25 de abril con motivo de la convocatoria Asalta el Congreso. La delegación del Gobierno desplegó a más de 1.400 agentes ese día. ¿Muchos o pocos? La protesta apenas reunió a 1.500 manifestantes. Y el Ejecutivo preveía que, como máximo, se congregarían unas 7.000 personas. Entonces, ¿el número de policías fue exagerado? Lo cierto es que la presencia de agentes resulta más habitual aquí que en el resto de la Unión Europea. España es el gran estado policial de la UE.

“Vamos a actuar con la presencia policial suficiente para garantizar el Estado de Derecho, el imperio de la Ley”, expuso Cristina Cifuentes, delegada del Ejecutivo en Madrid, horas antes de la concentración del 25 de abril. Unas declaraciones interesantes, en cuanto que permiten al ciudadano preguntarse cuántos agentes se requieren para preservar esas bases de la Democracia. En España se ha decidido que hacen falta muchos. El país cuenta con un policía por cada 190 habitantes, según se desprende del análisis efectuado sobre los datos de 2010 recopilados por Eurostat. Esta cifra la convierte en la segunda nación de la UE con mayor presencia policial. Tan sólo la supera Chipre, con un guardia por cada 153 personas. Además, el contraste con los países de su órbita resulta abrumador: Italia, Francia, Alemania y Reino Unido han decidido apostar por una menor presencia de la autoridad -con un agente por cada 208; 306; 335; y 372 habitantes, respectivamente-.
 

Pero España no siempre fue así. En la última década ha dado un paso adelante gigantesco. En 2001, en base a los datos de Eurostat, ocupaba el quinto puesto del ranking de estados con mayor presencia policial, con un agente por cada 213 personas. Entonces le superaban Chipre, Italia, Grecia y Portugal. Y, en este tiempo, mientras que los Gobiernos de los grandes países de la Unión Europea –como Reino Unido, Francia o Alemania- apostaban por mantener estable o reducir el número de policías en relación con su población; España decidió incrementarlo. 
 

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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) difundió a inicios de 2013 un informe donde detallaba el número de agentes desplegados por todo el territorio nacional. El colectivo concluyó que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) cuenta actualmente con 71.500 miembros; la Guardia Civil con 83.000; los Cuerpos autonómicos con 26.000; y las Locales con 70.000 aproximadamente. “España mantiene la cifra más alta de funcionarios policiales de toda Europa y, salvo excepciones de difícil comparación, de todo el mundo”, añaden desde la asociación. A pesar de ello, el sindicato incide en la falta de efectividad de las fuerzas de seguridad. “Esto es así porque cada Cuerpo ignora la existencia del otro. Son como empresas en franca competencia, intentando crecer en un mismo mercado. Y el resultado es que las plantillas se duplican y las cifras se disparan hacia lo absurdo”, subrayan desde el SUP, que apuesta por unificar el Instituto Armado y el CNP para solucionar el problema.

A lo largo de la última década, los Ejecutivos del PSOE y PP han perfilado a España como el gran estado policial de la Unión Europea, a pesar de que en 2001 ocupaba la posición número 13 en número de crímenes reportados: 507 por cada 10.000 habitantes. Un puesto que, según los datos de Eurostat, mantiene actualmente: con 500 delitos reportados en 2010. Los países de su entorno cuentan, en cambio, con una presencia de agentes más laxa; aunque contabilizan un mayor índice de crímenes: Francia (544), Alemania (725), Reino Unido (738). Tan sólo Italia representa una excepción (434). Aunque, eso sí, en función de cada legislación nacional, las actuaciones reconocidas como delitos varía de una nación a otra. “Sí quisiéramos acercarnos a la media de la UE de policías por habitantes habría que desprenderse de casi 74.000 agentes. Para hacernos una idea, sobraría casi al completo cualquiera de los dos grandes cuerpos policiales del Estado”, remarca el SUP.

- Tablas estadísticas: España, el gran estado policial de la UE

De los sobres de Joan al striptease de Baldoví

24 de abril de 2013: Joan Baldoví se desviste en el Congreso de los Diputados en apoyo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios.

21 de febrero de 2013: En pleno debate sobre el Estado de la Nación, Baldoví sacó cuatro sobres [en referencia al caso Bárcenas] con las cuatro ideas que resumían el año y dos meses de Gobierno de Mariano Rajoy.

Goya tiene voz

El mundo del cine denuncia los recortes impulsados 

por el equipo de Gobierno de Mariano Rajoy

Las críticas al Gobierno protagonizaron, de nuevo, la gala de los premios Goya. Al igual que hace exáctamente diez años, cuando el No a la guerra desgastó al Ejecutivo de Aznar, los participantes de la última fiesta del cine español han aprovechado la atención mediática para denunciar la política de recortes impulsada por el equipo de Mariano Rajoy. Los reproches se sucedieron durante la noche. Y, resignado, Wert aguantó las críticas de la presentadora (Eva Hache), de los actores y del propio presidente de la Academia (Enrique González Macho). Unas reprobaciones que no han sentado nada bien en el seno del PP. De hecho, el propio ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, criminalizó a parte del colectivo durante la última sesión de control del Gobierno al Senado, cuando afirmó que “algunos de nuestros famosos actores” no declaran sus impuestos en España. Sin decir quiénes. Tiró la piedra y escondió la mano. Todo ello, en una maniobra política con la que tratar de desprestigiar a quienes criticaron al Gobierno, sin aportar datos y nombres que desbaraten los argumentos de los actores.

Los premios Goya pertenecen al mundo del cine. La gala pertenece a los intérpretes, a los directores, a los productores y a quienes desempeñan los distintos oficios que participan del séptimo arte patrio. La entrega de estos galardones los coloca en el centro de atención de la mirada pública. Y, si quieren, tienen todo el derecho para aprovecharlo. Ellos forman parte de esta sociedad democrática y, por ello, su voz también debe ser escuchada. No le corresponde al PP decidir cuándo pueden hablar. Menos aún, utilizando el argumento de que la gala se paga con dinero público. Una tesis que, de aplicarse con todas sus consecuencias, por ejemplo, conllevaría la prohibición de la libertad de cátedra –porque el salario de los profesores sale del erario estatal-. El ejercicio de la democracia consiste en respetar la palabra del contrario, consiste en permitir al adversario ejercer su turno de palabra con las mismas oportunidades que uno mismo. No sólo a los políticos les pertenece el debate público. Y resulta muy perjudicial para España que algunos crean que deben ejercer un monopolio sobre el mismo.

Redactado para E. P. UAM-El País

¿El Gobierno de España no piensa en las víctimas?

Cuatro Mossos d'Esquadra torturadores no ingresarán en prisión: Joan Salva, Manuel Farré, Fernando Cea y Jordi Perissé. Sus abusos y delitos quedarán impunes. No pagarán por esperar a un sospechoso en la puerta de su casa, por no identificarse como policías, por propinarle una paliza, insultarlo e introducirle una pistola en la boca como amenaza. Nada de eso le vale el Gobierno de España para aceptar penas de hasta cuatro años de cárcel, impuestas por el Tribunal Supremo (TS). En vez de asumir el dictamen de la Justicia, el Ejecutivo ha preferido dictar dos indultos que eviten el ingreso en prisión de los condenados y que, además, posibiliten su vuelta al ejercicio profesional en apenas dos ejercicios. El equipo de Rajoy cambió la inhabilitación por la suspensión de cargo público por un periodo de tan sólo dos años.

Supongo que los ministros y el presidente del Gobierno, cuando refrendaron esa decisión, pensarían en la víctima. Valorarían todos los condicionantes y adptarían una postura. Por ello, leyendo su dictamen final, entiendo que Rajoy indultaría a cuatro policías que esperaran a su esposa en la puerta de su casa, que no se identificaran como agentes, que le propinaran una paliza, la insultaran e introdujeran una pistola en la boca como amenaza. Comprendo que, de darse el caso, nada influiría que esa mujer compartiera cama con él, que fuera la cónyuge del ahora líder del Ejecutivo. Total, "se dan las condiciones favorables", como argumenta Gallardón.

El uso torticero del indulto por parte de este Gobierno -y, por supuesto, también de los anteriores (incluido los equipos del PSOE)- demuestran la estafa democrática de la casta política hacia la sociedad. Este enémiso indulto favorece el descrédito de una clase que legisla y juzga, obviando la separación de poderes que fundamenta y garantiza la Libertad y la Justicia en España. Lo previsto como excepción se convierte en norma. Este nuevo indulto supone un paso atrás. Uno más. Y los propios magistrados lo saben. Por ello, alzan la voz contra un ilegítimo uso de la legalidad vigente.

Porque estos son los escalofriantes datos, publicados por Ignacio Escolar, que demuestran el abuso de poder cometido por los diferentes Ejecutivos: el Consejo de Ministros de Rajoy acumula ya 444 indultos en lo que va de año; desde 1977 se firmaron 17.620 indultos (a terroristas del GAL, grandes empresarios y banqueros defraudadores, jueces prevaricadores, políticos corruptos, golpistas del 23-F, entre otros); Zapatero concedió 3.226 en sus dos legislaturas; y Aznar 5.916. Y las comparaciones son odiosas: Bush tan sólo aprobó 200 en ocho años, en un país muchísimo más grande y poblado que Epaña.  Por mucho que insistan, no nos engañan. Para los Ejecutivos españoles la Justica no es igual para todos. Estas decisiones afianzan el descrédito hacia los gobernantes. Con razón.

Lección 1: Cómo huir de los periodistas, by Rajoy

El secuestro de 600.000 viajeros

La Huelga -sí, con mayúscula- constituye una de las grandes herramientas del trabajador. Un poder que debe llevar aparejado un enorme sentido de la responsabilidad (como diría el tío Parker). La utilización de este instrumento como arma arrojadiza por parte de los controladores aéreos demuestra una absoluta falta de sensibilidad hacia el resto de la población. La cuestión a tratar no pasa por conocer quién lleva la razón en el conflicto (si el Gobierno y AENA o los propios controladores); sino por qué estos trabajadores consideran que pueden secuestrar a cerca de 600.000 personas sin previo aviso. Si quieren ir a la huelga, que planteen su postura, establezcan unos servicios mínimos y vayan a ella como cualquier otro colectivo. Ahora bien, radicalizar un enfrentamiento cogiendo como rehenes a miles de personas que querían disfrutar de cuatro días de descanso es, simplemente, una cabronada.

Pero es que, además, no sé quién aconsejó a los controladores de que la huelga encubierta era la mejor opción. Ahora, nadie va a creerse los argumentos que expongan sus representantes. ¿Qué credibilidad de cara a la opinión pública tendrán quienes organizaron tal revuelta? Evidentemente, ninguna. Espero que el Gobierno adopte medidas de sanción ejemplares y que estos señores acarreen con el pago de las indemnizaciones. Igual que un médico o un policía tendría que pagar por una imprudencia, que los controladores también lo hagan. Porque, además, aquí existió una premeditación exacerbada.